El Legislador de la Coalición Cívica y Vicepresidente 3º de la Legislatura Porteña, Guillermo Smith, presentó un Proyecto de Resolución para que la Legislatura Porteña promueva acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional por no acordar con el gobierno de la Ciudad y dilatar el traspaso de los recursos necesarios para ejercer las funciones y facultades de seguridad locales que otorga la Constitución Nacional a la Ciudad.
Es de público conocimiento la negativa del Poder Ejecutivo Nacional, pese a los reiterados esfuerzos y solicitudes realizados por la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la Ciudad para obtener el traspaso de los recursos humanos, materiales y económicos, de los que actualmente dispone el gobierno nacional y que resultan imprescindibles para el ejercicio de las funciones y facultades indelegables de seguridad, que le son propias en virtud de su autonomía reconocida por la Constitución Nacional.
El Legislador Smith destaca que “La situación política e institucional derivada de la actual obstaculización del traspaso de la fuerza de seguridad a la Ciudad Buenos Aires, configura un escenario de irracionabilidad jurídica. El principio de razonabilidad está consagrado en el art. 28 de nuestra Constitución Nacional, que establece que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio, suponiendo que tal alteración implique arbitrariedad o irracionabilidad. La razonabilidad de los actos de gobierno consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina la medida a efectos que no aparezcan como infundados y arbitrarios.”
Es de público conocimiento la negativa del Poder Ejecutivo Nacional, pese a los reiterados esfuerzos y solicitudes realizados por la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la Ciudad para obtener el traspaso de los recursos humanos, materiales y económicos, de los que actualmente dispone el gobierno nacional y que resultan imprescindibles para el ejercicio de las funciones y facultades indelegables de seguridad, que le son propias en virtud de su autonomía reconocida por la Constitución Nacional.
El Legislador Smith destaca que “La situación política e institucional derivada de la actual obstaculización del traspaso de la fuerza de seguridad a la Ciudad Buenos Aires, configura un escenario de irracionabilidad jurídica. El principio de razonabilidad está consagrado en el art. 28 de nuestra Constitución Nacional, que establece que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio, suponiendo que tal alteración implique arbitrariedad o irracionabilidad. La razonabilidad de los actos de gobierno consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador a la obtención de los fines que determina la medida a efectos que no aparezcan como infundados y arbitrarios.”
Y agrega “la seguridad, valor social primordial de un sistema democrático de gobierno, se ha constituido en una de las demandas más importantes de los vecinos de Buenos Aires. La autonomía debe permitir al Gobierno de la Ciudad asegurar en forma inmediata y eficiente la seguridad de los porteños. La hipótesis de una convivencia de dos fuerzas de seguridad en la jurisdicción de la Ciudad sería el resultado de irracionales actos de gobierno que, desconociendo la experiencia internacional, entorpecerían la adecuada gestión de la seguridad de los porteños, la que se vería menoscabada por la superposición de tareas y los debates acerca de las competencias de ambas fuerzas de seguridad”.
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